En este acto, en el que se han analizado las diferentes formas de defensa jurídica que tienen las personas con discapacidad, la vicepresidenta del Comité de la ONU y comisionada de Género del Cermi, Ana Peláez, abordó las funciones y objetivos del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En este sentido, Peláez avanzó que el próximo 21 de octubre se celebrará en el Palacio de las Naciones Unidas (Ginebra) el Día del Debate General, organizado con el fin de tratar el igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley.

También manifestó que el debate tratará de profundizar en el artículo 12 de la Convención de la ONU, que consiste en el derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

"Este debate busca promover la inclusión y participación de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia, por lo que presentará medidas prácticas necesarias para aplicar la protección de este colectivo ante la ley", añadió la vicepresidenta del Comité de la ONU.

Por su parte, la delegada del Cermi para la Convención de la ONU, Ana Sastre, presentó la "Guía para la Autodefensa de las Personas con Discapacidad del Cermi estatal", que "pretende orientar, no siendo una guía exhaustiva, a las personas con discapacidad sobre derechos individuales para, así, defenderlos y conquistarlos, y, sobre todo, para hablar en contra de la discriminación".

"La misión del CERMI es llevar a cabo una acción política representativa en defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad, tanto colectiva como individualmente", destacó Sastre.

En la jornada también se presentó el libro "Análisis de los desarrollos normativos del SAAD. Estudio comparativo autonómico", elaborado por la Confederación Autismo España y Landwell - PWC y editada por Cermi Estatal.

Este estudio, presentado por la asesora jurídica de la Confederación Autismo España, Inés de Araoz, y por el abogado de Landwell-PWC, José Miguel López, se centra en los procedimientos por los que se puede reconocer la situación de dependencia de las personas con discapacidad, en función de cada comunidad autónoma.

En este sentido, José Miguel López solicitó que "se lleve a cabo una uniformidad en los plazos ante la disparidad existente para el reconocimiento de la situación de dependencia y, también, una mayor diligencia por parte de la administración a la hora de trabajar".