La iniciativa obedece a una demanda del sector de la discapacidad, trasladada al Ministerio de Justicia, que sufría las consecuencias de la dispersión registral en relación con las decisiones judiciales de modificación de la capacidad de obrar de las personas.

Con los nuevos mecanismos registrales, se mejorará la protección personal y patrimonial de las personas cuya capacidad de obrar ha sido modificada en virtud de una decisión judicial.

Además, el proyecto de ley reforma determinados aspectos del patrimonio protegido, a fin de hacerlo más atractivo para las personas con discapacidad y las familias que pueden acogerse a esta figura.

Finalmente, el proyecto de ley recoge el mandato al Gobierno de remitir a las Cortes una iniciativa legislativa de reforma de la legislación reguladora de la incapacitación judicial, a la luz de la nueva concepción de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.