Según el Cermi, es "positivo" que se mejore el tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad porque "sin un buen régimen de incentivos fiscales, esta figura no funciona".

La ley aprobada hoy, que mejora la organización del Registro Civil y modifica varias normas, obliga al Ejecutivo a presentar en el plazo de seis meses un proyecto de ley para mejorar la fiscalidad de los patrimonios protegidos y le insta a que tenga en cuenta la opinión de las personas con discapacidad a la hora de elaborar el texto.

La norma salida del Parlamento señala que "en la elaboración de dicho proyecto de ley, el Gobierno recabará con carácter previo el parecer y las propuestas de la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y del Consejo Nacional de la Discapacidad".

Por este motivo, el Cermi planteará próximamente al Ministerio de Economía y Hacienda una batería de propuestas para la mejora de la fiscalidad de estos patrimonios protegidos, a fin de articular el correspondiente proyecto de ley.