Con esta iniciativa se modifica el texto refundido del Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de recoger de forma expresa el derecho de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a acceder a la información y al conocimiento de su entorno, de cara a hacer posible su inclusión y participación social.

En su paso por el Senado la proposición de ley incorporó varias enmiendas, por ello hoy volvió al Congreso de los Diputados para su ratificación. Gracias a esta proposición, ya se reconoce la accesibilidad cognitiva dentro del marco general de la accesibilidad universal; se establecen los pictogramas y la lectura fácil como apoyos complementarios; se determinan los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible esta accesibilidad; se prevé la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva, y se contempla un plazo de tres años para que el Gobierno apruebe el desarrollo reglamentario que garantice este derecho, tras la realización de los estudios pertinentes.

A esta aprobación definitiva en el Congreso asistieron, entre otras entidades, una delegación de miembros del Cermi, Autismo España, Confederación Aspace, Plena inclusión España y la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace).