Tras la queja recibida el pasado 19 de junio, la Junta valoró el informe elaborado por el servicio jurídico provincial de la Consejería de la Presidencia emitido el 25 de julio que aseguraba que si el espectáculo se ajustaba "a la fórmula 'bombero torero', o similar, incluyendo la presencia de las personas con acondroplasia" , se había de entender el mismo como "prohibido", en cumplimiento de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, "al tratarse de un espectáculo que el legislador considera degradante para la dignidad humana".

Precisamente, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) reclamó recientemente la suspensión del citado espectáculo porque entendía que supondría "una burla" hacia estas personas con discapacidad y "un atentado contra su dignidad e imagen".

La presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo, señaló que “estos eventos son burlescos y fomentan la mofa, distorsionando la imagen de las personas con discapacidad haciendo persistir estereotipos negativos con la representación degradante de dichas personas”.

Además, el movimiento andaluz de la discapacidad consideraba necesario que las administraciones "ayuden y faciliten a encontrar otras salidas laborales a estas personas". Asimismo, considera que estos eventos "van en contra de normas como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que insta a las instituciones a tomar las medidas oportunas para evitar actos que constituyan una discriminación de estas personas".