Según informó hoy el Ejecutivo valenciano, estas ayudas serán sustituidas por las contempladas en la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana que "va a suponer uno de los principales retos de la Consejería de Bienestar Social para este año".

La nueva normativa, según las mismas fuentes servirá para "apoyar a aquellos que más dificultades tienen, puesto que reconoce el derecho a una prestación económica de carácter universal y vinculada al compromiso de los destinatarios de promover de modo activo su inserción sociolaboral".

Esta norma garantiza la protección social y la inserción de las familias más desfavorecidas, con el ánimo de establecer progresivamente derechos que anteriormente eran concesiones económicas o, como mucho, subvenciones de carácter graciable que estaban sometidas a la discrecionalidad administrativa.

La Renta Garantizada de Ciudadanía supone una ayuda económica para poder realizar el camino a la inserción en la sociedad y cumple con el objetivo de garantizar el derecho de todos a la igualdad de oportunidades.

La cuantía de la prestación estará en función de los ingresos de la unidad familiar o de convivencia y del número de miembros que componen la misma, y se sitúa en 2008 entre un mínimo de 373,89 euros y un máximo de 603,05 euros al mes.

Para conseguir la inclusión social del destinatario se firmarán, por parte de la Administración y del beneficiario, una serie de condiciones que se establecen en el Plan Familiar de Inserción, que es un conjunto de medidas propuestas por el equipo social del ayuntamiento o entidad local para conseguir la inserción sociolaboral de los destinatarios de la Renta Garantizada.

En el caso de una unidad familiar, lo cobraría el cabeza de familia y se beneficiará toda la unidad familiar, pues la ley contempla como beneficiarios a la persona o personas que conviven con el titular como miembros de la unidad familiar o de convivencia.

Podrán ser titulares todas aquellas personas que tengan una edad igual o superior a los 25 años e inferior a 65, o aquellos menores de 25 años, incluidos los menores de edad legalmente emancipados, que acrediten tener a su cargo a otros menores de edad o discapacitados.