El colectivo de ex presidiarios es uno de los que tiene derecho a cobrar un subsidio de paro equivalente al 75 por ciento del salario mínimo interprofesonal, lo que en 1995 equivalía a una prestación mensual de 47.025 pesetas.

El periodo de tiempo durante el cual conservan este derecho es de 6 meses, prorrogables por otros dos periodos de igual duración, hasta un máximo de 18.

Las condiciones que se les exigen para acceder a la prestación es inscribirse como demandantes de empleo en el plazo de un mes desde la fecha de la excarcelación y no haber rechazado oferta de empleo adecuado ni haberse negado a participar en cursos de formación o reciclaj profesional.

Los beneficiarios deben carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75 por ciento del salario mínimo, y la privación de libertad tiene que haber sido de duración superior a los 6 meses. El objetivo de la prestación es contribuir a su reinserción social y evitar que recaigan en la delincuencia.