En un comunicado hecho público hoy, la Cepyme asegura que este impuesto causa "alarma e inquietud entre los empresarios españoles" y puede representar "una auténtica marcha atrás en la competitividad de las empress".

Según Cepyme, empresarios y profesionales deberán satisfacer el tributo con independencia de que hayan obtenido pérdidas o ganancias en su actividad y estarán sujetos a coeficientes multiplicadores discrecionalmente aplicados por ayuntamientos y diputaciones provinciales.

A su juicio, "esto supone un atentado contra el principio de unidad de mercado y contra los principios consagrados en el Tratado de Roma y ratificados por el Acta Unica Europea, lo que motivó la presentación de un recurso deinconstitucionalidad".

Cepyme considera que este impuesto "equivale a un nuevo catastrazo", en alusión a la revisión del Catastro que fue anulada por el Gobierno, ante la oposición surgida entre los ciudadanos.