Según indicó este viernes la CEP, la detención en las últimas horas de dos agentes del Cuerpo autonómico por su vinculación con la fuga del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo, así como “la bochornosa inacción del dispositivo policial encaminado a su arresto, exigen poner en cuarentena aquel acuerdo y su financiación, acordada en diciembre de 2023 por ambos Gobiernos y que implica un gasto para el Estado de más de 1.300 millones de euros”.

De esta forma, afirmaron que “los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra no han sido capaces de cumplir con una de sus misiones fundamentales”. “Y que esa inacción, justificada con argumentos tan peregrinos como la aplicación de un criterio de proporcionalidad u oportunidad, ha permitido que Puigdemont eluda la orden nacional de detención por un delito de malversación de caudales públicos, ratificada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 1 de julio”, criticaron desde la CEP.

Señalaron que “lo más significativo es que se ha producido una nueva y gravísima quiebra de la confianza en un servicio público esencial para la seguridad de los ciudadanos de Cataluña”.

Denunciaron, por tanto, que no hayan sido capaces de detener a Puigdemont, “que se ha movido con una impunidad insultante, incluso por zonas urbanas en las que no había presencia de personas que pudieran poner en riesgo una detención”.

Por ello, consideran que “no se puede seguir alimentando desde el Estado el crecimiento de un Cuerpo y su financiación cuando no ha estado a la altura de lo que se esperaba en un momento crucial” y “no puede gastarse un solo euro en pagar el incremento de efectivos de un Cuerpo, financiando el coste de más de 3.400 nuevos agentes y cediendo competencias policiales que perjudican el esquema unitario de prestación del servicio policial en España”.