La CEP expresa que, al margen de las sanciones impuestas a los tres agentes, también hay "una responsabilidad política", que no sólo debe ser asumida por el delegado del Gobierno sino también por Alonso, según explican en una nota.

A su juicio, la sentecia conocida hoy pone de relieve "la politización que impera en determinadas áreas de la Policía", en las que los nombramientos se hacen por "proximidad política" y no por otros criterios más acordes con la actividad policial, como "la capacidad o la profesionalidad".

Desde la organización sindical defienden que la sentencia "no está politizada", pero creen que ha supuesto "un duro golpe a la imagen y la credibilidad del Cuerpo Nacional de Policía". Admiten, también, que la sentencia es "la más grave recaída sobre el cuerpo en la historia reciente".