En caso contrario, "la CEOE se verá en la obligación de explicar claramente a los empresarios y a la opinión pública las graves consecuencias que se derivan de esta Ley de fomento de la Huelga", afirmó la patronal en su comunicado.

La CEOE insistió en que el acuerdo "unilateral" entre el Grupo Socialista y los sindicatos UGT y CCOO ha modificado sustancialmente el proyecto originario del Gobiero, que "pasa de ser regulador de este derecho a fomentador de conflictos y de graves peligros para las empresas y los sindicatos".

Asimismo, aseguró que se ha hurtado a los empresarios cualquier posibilidad de negociar el proyecto y denunció que los representantes del PSOE les dijeron que no era adecuado que este partido negociara con ellos, ya que "seguramente encontrarían grupos políticos más afines para presentar sus propuestas".

La patronal criticó a los sindicatos de los que dijo que han demstrado en los últimos años "ser los más conflictivos y radicales de Europa" y aseguró que en el mejor momento del ciclo económico han colocado a España "a la cabeza del Continente en número de horas perdidas por huelga, incluyendo tres paros generales".

También dijo que el proyecto de Ley de Huelga beneficia en tal medida a las centrales que mientras que antes no querían ningún tipo de regulación, ahora se manifiestan partidarios del proyecto.

En su opinión, el proyecto aprobado ya por el Congres y ahora en el Senado, reconoce la actuación de los piquetes, autoriza la ocupación de los centros de trabajo, posibilita las huelgas sin cumplir las formalidades, se impiden las sanciones por participación en huelgas ilegales y se permite la convocatoria de huelgas por sindicatos sin representación en el sector o empresa de que se trate, entre otros aspectos a los que se opone.

Por último, la CEOE afirmó que en su redacción actual el proyecto "va en contra de la economía al ahuyentar las inversionesdestruir empleo; en contra de los ciudadanos, que deberán sufrir mayor conflictividad; contra los trabajadores, que no podrán decidir democráticamente en caso de huelgas que además no pueden ser convocadas por sindicalistas a los que no han elegido; y contra las empresas, que deberán afrontar mayores dificultades y menor protección jurídica".