El objetivo debe ser, dice la circular, que el incremento salarial resultane "permita a las empresas, al menos, mantener el grado de competitividad actual y no verse perjudicadas con respecto a sus competidores".

La CEOE insiste en que "habrá que tener en cuenta el conjunto de costes directamente ligados al empleo, tanto los propiamente salariales como los de otra naturaleza (las cuotas sociales, los pagos por antigüedad, la jornada de trabajo y otros conceptos similares), así como la productividad, todos ellos decisivos a la hora de determinar el volumen y evolución del conunto de gastos de personal en la contabilidad de las empresas".

Asimismo, la patronal recuerda que "la previsión de inflación en el conjunto de la UE para el año 2001 es del 2,2% y del 1,3% el incremento medio esperado de los costes laborales unitarios. En el caso de España, el objetivo de inflación establecido por el Gobierno se sitúa en el 2%, que coincide con el señalado por el Banco Central Europeo. Esta misma cifra ha servido como referencia para los crecimientos de pensiones, salarios de los funionarios y salario mínimo interprofesional, entre otros".

Respecto a las garantías sobre la desviación del IPC, la CEOE señala que las cláusulas salariales que se acuerden deben garantizar, "como máximo, la diferencia entre el incremento salarial pactado y el IPC acumulado al final del periodo de referencia".