Así lo manifestó la patronal en un comunicado junto a Cepyme tras el Comité Ejecutivo de este martes, en el que, después de haberse centrado de forma prioritaria en cómo colaborar a través de las empresas y el diálogo social en el apoyo humano y económico a las víctimas de la DANA, se abordó la propuesta normativa del Gobierno, dado el límite temporal establecido por el Ministerio en la mesa de negociación.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, pidió a los agentes sociales que antes del 11 de noviembre se pronunciaran sobre la que dijo que era la “última propuesta” del departamento dirigido por Yolanda Díaz para intentar alcanzar un acuerdo tripartito. Se abre así la puerta a que Trabajo trate de alcanzar un pacto bilateral con CCOO y UGT.

El planteamiento de Trabajo incluía la reducción de la jornada, ayudas directas a la productividad para pequeñas empresas de los sectores más afectados, bonificaciones para contrataciones, reforzar el control horario y las sanciones por incumplimientos graves de los tiempos de trabajo.

“La conclusión es que CEOE y Cepyme, desde la responsabilidad, no pueden apoyar dicha propuesta. Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución “, apuntaron CEOE y Cepyme.

Así, añadieron que “la aprobación de esta norma no hace sino debilitar el marco de negociación colectiva que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años y, en la práctica, aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia”.

CEOE y Cepyme dejaron “claro” que “difícilmente se va a incrementar la productividad a partir de la reducción de jornada en un tejido productivo compuesto en alrededor de un 98% por pymes y autónomos, y donde los sectores con mayor aportación al PIB están vinculados, entre otros, a los servicios o el turismo”.

“Adoptar medidas como esta, con carácter general, tiene poco sentido si se tiene en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas”, concluyeron las patronales.