Esta estimación figura en un estudio titulado "Las infraestructuras españolas ante el mercado único europeo" realizada por Folgado para la Fudación Fondo para Investigación Económica y Social (FIES), y publicado en el último número de la revista Papeles de Economía.

Del esfuerzo inversor que la CEOE estima necesario para reducir a niveles aceptables el diferencial existente con la CE, 80 billones de pesetas corresponden a la construcción de infraestructuras y otros 20 billones a equipamiento tecnológico.

En su opinión, el diferencial a cubrir es muy amplio, ya que España se encuentra al 70 por cien de la media comunitaria en carretera, al 62 por cien en ferrocarriles, al 54 por cien en camas hospitalarias y al 71 por cien en teléfonos.

También son desfavorables los índices comparativos de dotación de agua urbana, contaminación de ríos y costas y degradación del medio ambiente y eliminación de desechos, entre otros aspectos más cualitativos.

Las inversiones más cuantiosas, según la CEOE, tendrían que dirigirse al transporte ferroviario, la construcción de carreteras, la edificación de viviendas y las telecomunicaciones, capítuo este último que absorberá el 7 por cien del PIB de la Comunidad Europea en el año 2000.

FINANCIACION PRIVADA

Para financiar estas inversiones, la patronal considera justificado alargar en el tiempo más allá de 1993 el objetivo de alcanzar el déficit público cero, si bien considera que el desequilibrio entre ingresos y gastos en los Presupuestos del Estado para 1992 no responde a la inversión en infraestructuras sino a las partidas destinadas a gastos corrientes y sociales.

Además, la CEOE cre imprescindible que la iniciativa privada participe en la financiación de las infraestructuras. A su juicio, esa participación debe darse en varios frentes "y no sólo el de autopistas o el hidroeléctrico, los tradicionales de la vivienda y el urbanismo, sino también los ámbitos del ferrocarril, abastecimiento y saneamiento de agua, equipamientos sociales (docencites, sanitarios, asistenciales, etc.).

"Lo que resulta importante", añade Folgado, "es asegurar la coordinación de todos los programas de contrucción pública (a todos los niveles: central, autonómico y local) y privada, evitando todo tipo de duplicidades o, por el contrario, de falta de complementariedad".

Para la CEOE, es imprescindible una planificación de las infraestructuras a largo plazo para evitar alteraciones "como consecuencia de un cambio de gobierno y, a veces, de un simple cambio de ministro dentro del mismo gobierno".

En su opinión, "la política de infraestructuras tiene consecuencias a largo plazo y, por tanto, hay que bscar unos mecanismos para que no esté supeditada a los cambios de gobierno o a las modas pasajeras".