A su juicio, result "especialmente grave" el cambio en la ILT para que los primeros días de baja de un trabajador enfermo, concretamente entre el cuarto y el décimoquinto (ya que los tres primeros no hay que justificarlos) sean pagados por las empresas y no por la Seguridad Social.

Según la CEOE, esta modificación supondrá un coste adicional de 150.000 millones para las empresas. La CEOE afirma que, en 1991, las empresas pagaron 370.000 millones a la Seguridad Social para financiar esa prestación, además de los 150.000 illones pactados para ese mismo fin en los convenios colectivos.

En su opinión, esta medida rompe por segunda vez en lo que de año el compromiso del Gobierno de no incrementar la contribución de las empresas a la Seguridad Social (la primera fue la subida de las cuotas por desempleo).

La patronal señaló que los empresarios se sienten "defraudados" por las medidas que ha adoptado el Gobierno, por entender que conducen a una mayor presión fiscal, menos inversiones y destrucción de empleo.

A sujuicio, las medidas adoptadas no son las adecuadas para taponar la "sangría presupuestaria" ni para generar confianza, ya que faltan iniciativas referidas a la flexibilización del mercado de trabajo, privatización de empresas públicas y supresión de órganos administrativos superfluos.

"La mayoría de los ciudadanos se verán afectados por una pérdida de sus ingresos y la subida de impuestos y precios. Los más perjudicados serán, especialmente, todos aquellos que van a engrosar las cifras del paro", añadó la CEOE.

"ESTUPOR" DE LOS ASESORES FISCALES

Por su parte, la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios expresó su "estupor" por la decisión del Gobierno de elevar las tarifas del IRPF y denunció la "falta de credibilidad" de los responsables económicos.

En su opinión, el cambio de la tarifa es inconstitucional por su carácter retroactivo y por concular el principio de igualdad, ya que los territorios forales no se verán afectados directamente.

Además, advirtieron que la neva regulación de la ILT y las revisiones salariales que provocará la desviación de la inflación supondrá un duro golpe para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

Finalmente, indicaron que España es el país de la OCDE que más ha incrementado la presión fiscal desde 1980, a lo que ahora se suma la "discrecionalidad" del Gobierno para elevar la tarifa y romper la planificación tributaria de los contribuyentes.