Los responsables de estas tres empresas intervinieron en el Campus de la Fundación FAES en una ponencia sobre transición energética, y desgranaron sus respectivas demandas para el próximo periodo legislativo.

El CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, abogó por revertir la actual política de aumento de impuestos a las energéticas en la UE y en España, “absolutamente equivocada”. “Es tremendamente peligroso usar la fiscalidad como caja recaudadora para conseguir recursos”, añadió el ejecutivo de Iberdrola, que advirtió del “error garrafal” de detraer dinero para la inversión por esas exigencias tributarias, mientras otros países como Estados Unidos estimulan la inversión con una mejor fiscalidad y menos trabas a los permisos.

Ruiz-Tagle, que defendió “un pacto de tranquilidad impositiva” para las tres próximas décadas, también se mostró partidario de una “estabilidad regulatoria” para el sector, lejos de lo que se vivió a su juicio el año pasado, “cuando no sabíamos por dónde ir”.

El CEO de Iberdrola también ve preciso atacar uno de los "cuellos de botella" de la energía en España que es el de la distribución.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, pidió que se abandone la política energética hecha desde la “ideología” y el “activismo radical”, que desde el “prohibicionismo” de los combustibles fósiles “presiona a las instituciones financieras y a los inversores” para que desdeñen la apuesta por una producción como la del gas, que va a ser necesaria en los próximos años, pese a los objetivos de descarbonización.

“La política energética tiene que ser estable, dar un marco de certidumbre, y aprender de Estados Unidos y su predictibilidad. En Europa estamos cambiando las reglas de juego continuamente”, lamentó Imaz.

Para el directivo de Repsol, hace falta que la política energética esté “orientada a la competitividad industrial” y a la salvaguarda de sectores clave para España como la automoción, y no solo pensar en el clima.

En representación de Endesa, José Bogas manifestó que las energéticas “necesitan estabilidad y seguridad jurídica”. “En el periodo 2021-2022 tuvimos 135 resoluciones diferentes para el sector eléctrico y muchas se sobreponían unas a otras”, indicó.

Bogas también convino en que se debe acabar con deficiencias como la de “la regulación de la distribución”.