Este centro jurídico funda su querella en la "actitud prevaricante" de Conde-Pumpido "a lo largo de los últimos meses", por no actuar con "imparcialidad e independencia", tal y como figura en el Estatuto del Ministerio Fiscal, en su artículo 7.

Esta querella, según el propio centro, se fundamenta en las diferentes actitudes adoptadas por el fiscal general ante el "caso Atutxa" o la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas.

El centro jurídico indicó la actitud del fiscal general responde a "un común acuerdo con el Gobierno" para permitir la presencia de ETA en el Parlamento vasco después de las elecciones vascas.

Esa actitud se evidencia, dice el centro Tomás Moro, al "no recurrir" el archivo del "caso Atutxa". El segundo paso es la negativa del fiscal a pedir la ilegalización del PCTV.

De prosperar el delito que se le imputa a Conde-Pumpido, le supondría la inhabilitación para todo cargo público entre 7 y 10 años, según este centro jurídico.