Los manifestantes pidieron que no desaparezca el ferrocarril como servicio público aunque nazcan nuevas líneas de gestión privada, que se mantengan los actuales niveles de seguridad y que no se precarice el empleo, para lo cual consideran que el proyecto de Reglameno del Sector Ferroviario debe ser aprobado por el Gobierno que surja en las elecciones del 14 de marzo y no por el actual, como han sugerido en Fomento, según manifestó a Servimedia el portavoz del comité de empresa de Renfe, Juan Carlos Cáceres.

El comité considera que la nueva regulación supone un cambio fundamental en el servicio ferroviario que hay que definir bien, mientras que el proyecto de reglamento deja muchos aspectos sin resolver, como el saneamiento de la deuda actual de Renfe, "imposibiltando con la misma su viabilidad futura".

Tampoco queda definido el mantenimiento del empleo, la asignación de trabajadores, la elaboración de criterios para la selección de personal, la relación de puestos, el derecho de permeabilidad de los trabajadores entre ambas entidades (Adif y Renfe operadora) y la tutela de las condiciones económico-laborales.

"No se puede entender que una ley del calado de ésta entre en vigor sin unos reglamentos consensuados y teniendo bien definidos todos sus términos, señaló el sindicato ferroviario de CCOO.