Fernández se mostró partidario de que el INE comercialice un censo promocional obtenido a partir del censo electoral, que contenga sólo el nombre, apellidos y dirección de los ciudadanos, porque, como establece la Ley de Protección de Datos, hay "un punto de equilibrio" entre los derechos del ciudadano, a quien se da la oportunidad de no figurar en e censo, y los de las empresas.

"Y por otro lado, eso va a servir para que las empresas que tengan ficheros obtenidos de forma ilegal los tengan que tirar, porque ya no tienen sentido", señaló el director de la APD.

En cuanto a la forma en que los ciudadanos puedan solicitar su exclusión del censo promocional, Fernández indicó que es facultad del INE, pero que lo lógico es que se envíe una notificación por carta al interesado, con un sobre de respuesta que no necesite sello, para aquellos que desen no estar en ese fichero comercial.

Asimismo, el futuro reglamento podría recoger diversas alternativas para ejercer este derecho en todo momento de una forma sencilla, según Protección de Datos.

Fernández recordó que los censos promocionales existen en toda Europa y otros países desarrollados, y que su ausencia situaría a las empresas españolas en una posición de desventaja respecto a sus competidores en el resto del mundo.