Así lo demandó en un comunicado en el que admitió que el marco jurídico que proporciona esta nueva norma “constituye un punto de partida” para que las comunidades autónomas y ayuntamientos “avancen” en el cumplimiento de este derecho, “pero no lo garantiza", sino que, a su juicio, “delega en estas administraciones la voluntad de implementar medidas que vayan en ese camino”.

“Está en sus manos, por lo tanto, declarar zonas tensionadas, aplicar gravámenes fiscales sobre viviendas infrautilizadas o aprobar planes de vivienda, entre otras importantes competencias”, sentenció la federación, convencida de que la “problemática” del alquiler es “especialmente urgente” y la “desigualdad no deja de ampliarse”.

A este respecto, su portavoz de vivienda, Cesar Díaz, lamentó que, “a pesar de ser uno de los grandes problemas sociales actuales, que afecta a millones de personas, el Gobierno no lo ha abordado todavía de forma valiente y efectiva”.

“Reconocemos los avances que suponen la limitación de los precios de los alquileres hasta 2025 o la obligación de las personas propietarias de asumir el coste de las comisiones de agencia, pero la norma es insuficiente”, espetó, convencido de que la situación general de la vivienda en España “queda intacta” y los grandes tenedores “seguirán marcando los precios del mercado”.

MÁS MEDIDAS

En este contexto, la federación abogó por fomentar que los grandes tenedores y particulares pongan sus viviendas en alquiler a un precio asequible y por eliminar “todo tipo de beneficios fiscales” a grandes tenedores con el fin de “frenar el uso especulativo de la vivienda y garantizar su uso social”.

Junto a ello, demandó aprobar planes de vivienda con objetivos “cuantificables” y con recursos económicos “suficientes” así como incrementar el parque de vivienda pública a través de la rehabilitación de viviendas para poder destinarlas al alquiler social.

En paralelo, también apostó por declarar zonas de mercado residencial tensionado, limitar el número de viviendas de alquiler vacacional y “obligar” a los municipios a disponer de viviendas de emergencia habitacional “suficientes para situaciones de desahucios”.

Por último, reivindicó la apertura de oficinas de información para que los inquilinos “conozcan sus derechos y puedan reclamarlos”, vigilando y sancionando “las prácticas ilegales y abusivas”.