Así lo consideró en un comunicado en el que recordó que el proyecto de reglamento tiene como objetivo principal desarrollar un ecosistema de confianza a través de un marco jurídico destinado a lograr que la IA sea "fiable" ya que la propuesta está siendo "discutida" por el Parlamento Europeo y el Consejo.

A este respecto, la responsable de derechos digitales de CECU, Anabel Arias, advirtió de que tanto los eurodiputados como el Gobierno de España “deben garantizar una adecuada regulación de la IA”. “Esto es crucial para lograr un alto nivel de protección a las personas consumidoras, así como un entorno justo, seguro y confiable en el que se asegure el desarrollo sostenible de nuestras sociedades”, sentenció.

“El papel de España en este debate es de especial importancia, al ocupar la presidencia del Consejo en el segundo semestre de 2023 y al haberse ofrecido a ser la prueba piloto para la aplicación de esta normativa”, agregó la organización, que estimó que el nuevo reglamento “tendrá impacto en nuestra vida diaria, en tanto la IA está presente en numerosos ámbitos”.

En este punto, urgió a “tener en cuenta” que los sistemas de toma de decisiones basadas en algoritmos “tendrán cada vez más impactos en numerosos aspectos de nuestras vidas” como el acceso a un empleo, a un crédito o a una determinada póliza de seguros, y aventuró que los sistemas de reconocimiento de emociones “podrían afectar a la autonomía de las personas consumidoras si no se regulan correctamente”.

CECU dijo “celebrar” la propuesta de Reglamento de la IA en debate a nivel europeo, si bien estimó que el proyecto de regulación requiere de “importantes modificaciones” para “garantizar” la “adecuada protección” de los consumidores.

IMPORTANTES MODIFICACIONES

En este sentido, juzgó que debe “ampliarse” el ámbito de aplicación e “imponerse” una serie de “principios y obligaciones horizontales”, entre las que citó "equidad, transparencia y rendición de cuentas", que “apliquen a todos los sistemas de IA”.

Además, entre otras mejoras, a su entender, la lista de prácticas prohibidas del artículo 5 debe ser “ampliada y reforzada” para incluir algunas “dañinas” que en la propuesta de la Comisión “no se toman en cuenta”, como los sistemas de IA “que manipulen causando un daño económico”.

“Los procedimientos de evaluación de conformidad aplicables a los sistemas de alto riesgo deben ser reforzados”, abundó la organización, para la que, a su vez, el sistema de gobernanza y los mecanismos de aplicación por parte las autoridades nacionales “deben ser clarificados y mejorados”, por ejemplo, otorgando a la Comisión Europea la competencia de iniciar procedimientos de evaluación de un sistema de IA “bajo determinadas circunstancias”.

CECU recordó que el debate a nivel europeo del proyecto de Reglamento de IA se encuentra en estos momentos en marcha fruto de la propuesta de la presidenta Úrsula Von der Leyen que, en sus orientaciones políticas para la Comisión 2019-2024, anunció que la Comisión Europea presentaría propuestas de legislación para un enfoque europeo coordinado sobre las implicaciones éticas y humanas de la IA.