Así lo reclamaron fuentes de la federación en declaraciones a Servimedia en las que dieron “la bienvenida al resultado de ayer” y dijeron “esperar” que “sirva” para “formar pronto” un Gobierno “que legisle y tome medidas urgentes para proteger a las personas consumidoras y sus derechos”.

A este respecto, advirtieron de que los españoles “necesitamos” que el “próximo” Ejecutivo “aborde sin falta” los “problemas” de acceso a la vivienda, la subida de las hipotecas o la regulación del precio de los alimentos y la energía.

En paralelo, le urgieron a que “siga avanzando” en la transición verde para “afrontar” la crisis climática “sin dejar a nadie atrás".

PRIORIDADES

En cuanto a las “prioridades” que la federación juzga imprescindibles para “avanzar en derechos para las personas consumidoras en la próxima legislatura” con el fin de lograr en España el impulso a un consumo “sostenible, crítico y transformador”, recordaron que estas pasan por contener los precios de electricidad, alimentación y vivienda, así como por la regulación del lavado verde y la inteligencia artificial.

Entre esas “prioridades” que permitan “abordar” las “principales preocupaciones y retos” de los consumidores durante los próximos cuatro años, la federación apuesta por “potenciar” la transición energética “sin dejar a nadie atrás”, con precios “asequibles y transparentes” gracias a las renovables y rehabilitación energética para reducir el consumo.

En materia de vivienda, aboga por “garantizar” el acceso a una vivienda “digna” de alquiler a un precio “asequible” a partir del parque inmobiliario existente, “conteniendo” los precios para proporcionar “estabilidad residencial y económica” a los arrendatarios.

Por lo que se refiere a la alimentación, emplaza a establecer un sistema “eficaz” de “transparencia y control” de la evolución de precios de la cadena alimentaria, “ampliando” recursos económicos y técnicos.

Asimismo, llama a promover una producción y un consumo “sostenible”, garantizando el derecho a la reparación y durabilidad de los productos, “erradicando” la obsolescencia y “defendiendo” al consumidor frente al lavado verde, así como a aprobar una Ley de Mínimo Vital de Agua para, entre otras cuestiones, garantizar la prohibición de realizar cortes de suministro en casos de impago “justificados en situaciones de vulnerabilidad”.

Junto a ello, instó a "asegurar” una transición digital “justa, segura e inclusiva” con el “foco” en “proteger” al consumidor frente a la “manipulación”, la “vigilancia” comercial y la “explotación” de sus datos personales.

Por lo que respecta a derechos financieros, exigió una “mayor presencia pública” en el sector financiero para “asegurar el acceso y la prestación de los servicios mínimos básicos a toda la población”.

Además, solicitó el diseño de nuevas políticas de protección del derecho a la salud y a la seguridad de los consumidores para “hacer frente a la comercialización de productos inseguros” además de “apostar” por el tren como medio de transporte “sostenible y social, que vertebre el territorio”.

Por último, también defendió la urgencia de aprobar la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y “fomentar la participación activa y real” de las organizaciones de consumidores en el diseño y ejecución de las políticas de consumo con el fin de “garantizar la protección de los derechos de los consumidores”.

En este contexto, el director de CECU, David Sánchez Carpio, ya expresó antes del inicio de la campaña electoral la “importancia” de “mantener” un Ministerio de Consumo “con capacidad y dotado de recursos” para “llevar adelante” una “verdadera agenda de transformación, que proteja y avance en derechos para los consumidores”. “Los principales retos en materia de seguridad, sostenibilidad, digitalización, protección social y descarbonización tienen fuertes implicaciones para las personas consumidoras y necesitamos una voz fuerte en el próximo gobierno que las defienda”, espetó entonces.