Así lo defendió en una nota de prensa en la que confirmó haber “detectado” la “necesidad” de “incidir” sobre el derecho a acceder a este producto “pensado para garantizar derechos básicos a la población vulnerable”, tras la denuncia de varias ONG en relación con la “denegación” de acceso a personas migrantes a una cuenta de este tipo por parte de “ciertas” entidades bancarias.

En este punto, juzgó “muy relevante” informar “de forma específica” sobre los derechos para las personas “afectadas” y que todas ”puedan conocer cómo reclamarlos”, tal y como reivindica a través de su proyecto ‘No clames, reclama’, subvencionado por el Ministerio de Consumo.

“Las cuentas de pago básicas son una buena alternativa para los consumidores dada la actual oferta de cuentas bancarias que ofrecen las entidades financieras, que, en ocasiones, cuentan con elevadas comisiones o condiciones no tan beneficiosas en caso, por ejemplo, de no ingresar la nómina o no tener un importe mínimo en la cuenta”, sentenció.

Tras explicar que estas cuentas de pago básicas permiten realizar todas las operaciones bancarias básicas y disponer de una tarjeta de débito por un coste máximo de tres euros al mes, hizo hincapié en que las personas en riesgo de exclusión financiera y las personas víctimas de trata o violencia sexual pueden solicitar una gratuita e insistió en el derecho “de todas las personas” a acceder a una de ellas “sin importar las condiciones económicas o administrativas en las que se encuentre”.

A este respecto, incidió en que disponer de una cuenta de pago es “fundamental” para poder recibir ingresos, nóminas, pensiones o ayudas, así como para contratar servicios “de primera necesidad”, como el suministro eléctrico, de gas y agua o Internet.