Así lo reclamó en una carta remitida al ministro Pablo Bustinduy en la que le demandó la adopción de medidas para “proteger los derechos de las personas consumidoras” en ese sentido.

A este respecto, el responsable de alimentación de CECU, Eduardo Montero, denunció que dicha industria está “utilizando” esta “estrategia” para “esconder una subida de los precios, aprovechando que es mucho más complicado de detectar que un aumento directo”.

“Consideramos que es una práctica injusta que nos confunde cuando vamos a hacer la compra. Por este motivo, exigimos que se prohíba por ley a las empresas utilizar estos engaños”, abundó, al tiempo que advirtió de que “es una ley posible, tal y como ha demostrado Francia”.

En este sentido, CECU recordó que el país vecino aprobó un decreto a mediados de abril que “obligará” a los supermercados a “informar cuando un producto haya disminuido su tamaño manteniendo o aumentando su precio”.

En este contexto, Montero reivindicó la aprobación en España de “una medida similar, incorporando otras prácticas engañosas como modificar ingredientes por otros similares, pero de menor coste económico”.

“Las personas consumidoras deben poder identificar con facilidad lo que compran y cuándo se producen cambios poco evidentes en el producto", resolvió, al tiempo que insistió en la idoneidad de “replicar” la legislación “recién aprobada en Francia”.