CEAR recuerda en una nota de prensa que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 12 de diciembre esta extradición, que "entraña un grave riesgo para esta persona de sufrir malos tratos y tortura a manos de las autoridades rusas".

"Si el Ejecutivo lleva adelante esta extradición, CEAR considera que España vulnerará el principio de no devolución, capital en la protección internacional de los refugiados, que prohíbe a un Estado enviar a una persona a un país donde sus derechos humanos puedan ser violentados", asegura la ONG.

Además, CEAR suscribe la recomendación emitida por el relator especial de Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, Martin Scheinin, quien recabó información sobre el caso Gasayev en su visita a España el pasado 14 de mayo, ante el peligro de que pudiera ser extraditado a la Federación Rusa por la acusación de crímenes de terrorismo que le imputan las autoridades de su país.

En su informe, aseguró que "existe un acuerdo generalizado de que las garantías diplomáticas no funcionan con respecto al riesgo de tortura o malos tratos".

Además, observó que en este caso la Audiencia Nacional parece haber combinado las garantías tradicionales sobre pena de muerte con la condición de que una delegación del Comité contra la Tortura de la ONU visite a esta persona una vez esté ya en Rusia, a pesar de que es consciente de que el Comité contra la Tortura no efectúa tales visitas.

Por tanto, el citado informe del relator de ONU concluyó que en este caso "son inadecuadas las garantías sobre riesgo de tortura".

Finalmente, CEAR se une a la postura de Amnistía Internacional, que ha subrayado que, "teniendo en cuenta el historial de tortura y malos tratos de la Federación Rusa", las "garantías diplomáticas" ofrecidas por las autoridades de ese país "son papel mojado y no eximen al Gobierno español de sus obligaciones internacionales de no entregar a ninguna persona a un país en el que corra el riesgo de ser sometida a tortura o malos tratos".