Estos desastres naturales "no solo han provocado miles de muertes, sino que han destruido ciudades y comunidades, desencadenando desplazamientos forzados que, a medio y largo plazo, pueden tener un fuerte impacto en los flujos migratorios hacia Europa", advirtió en nota de prensa.

En el caso de Marruecos, al menos 300.000 personas se han visto afectadas por el terremoto. CEAR mostró su enorme preocupación por las consecuencias que puede tener en las condiciones de vida del pueblo marroquí y de todas las personas migrantes y refugiadas que residen o están en tránsito en el país, pues "desgraciadamente se han visto especialmente azotadas las zonas más empobrecidas, que tradicionalmente generan emigración hacia Europa".

En Libia, el ciclón Daniel ha demostrado una vez más las dramáticas consecuencias del cambio climático en todo el planeta, ante "un fenómeno de proporciones nunca antes visto en el Mediterráneo", indicó al entidad. Para CEAR, "especialmente preocupa la situación en la que quedan poblaciones que ya se encontraban antes en situaciones de extrema vulnerabilidad, como personas migrantes y refugiadas atrapadas en el país norteafricano, donde al menos 50.000 permanecen varadas debido "al control y externalización de fronteras europeas".

“Los países europeos han reaccionado enviando equipos de rescate a ambos países. Lo que pedimos es que esta solidaridad también se manifieste después de la emergencia, cuando ya no estén los focos mediáticos y miles de personas necesiten más que nunca que se les garantice el acceso a la protección y a un futuro digno”, reclamó Estrella Galán, directora general de CEAR.

RECOGIDA DE FIRMAS

Para reforzar esta petición, CEAR ha lanzado una campaña de firmas ciudadanas en la que especifica varias medidas urgentes que los Estados miembro de la UE deberían promover para garantizar los derechos de las personas desplazadas forzosamente por ambos desastres.

Entre ellas, CEAR pidió avanzar hacia interpretaciones amplias de la Convención de Ginebra, incluyendo como personas refugiadas a quienes tienen que huir como consecuencia del cambio climático o la degradación medioambiental; habilitar vías legales y seguras para que puedan llegar a Europa sin arriesgar sus vidas (concesión de visados humanitarios, cuotas de reasentamiento más ambiciosas, posibilidad real de solicitar asilo en embajadas y consulados y requisitos de reagrupación familiar más flexibles), y aplicar la obligación de no devolución a un país cuando existe un grave riesgo para la vida e integridad física, como podría suceder en ambos casos.