La sentencia, que garantiza el derecho a la protección de esta mujer por razones humanitarias, da así la razón CEAR, que había recurrido la decisión del Gobierno anterior, quien a principios de 2004 se la negó.

No obstante, esta comisión aseguró que la protección reconocida, es decir, la permanencia en España de esta mujer por razones humanitarias de acuerdo con el artículo 17.2 de la Ley de Asilo, "no es suficiente". Por ello, anunció que pedirá mediante recurso ante el Tribunal Supremo que le sea concedido el estatuto de refugiada.

"La violencia contra las mujeres, que desgraciadamente se ejerce diariamente de diferentes formas, constituye una forma de persecución reconocida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pero que, sin embargo, las autoridades españolas no siempre tienen en cuenta", sentenció.

CEAR considera necesaria la inclusión en la Ley de Asilo de la persecución de género como motivo para la concesión del estatuto de refugiado en España, "tal y como el Gobierno ha anunciado que hará en una futura reforma de la ley".

"Se cumpliría así con las disposiciones de Naciones Unidas y del parlamento español, que en junio de 2001 acordaba mediante una proposición no de ley instar al gobierno a proteger a las mujeres de prácticas de violencia sexual como la mutilación genital", concluyó.