Así se recoge en un comunicado que firman ACCEM, Alboan, Alianza por la Solidaridad / ActionAid, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CONVIVE Fundación Cepaim, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Cruz Roja Española, Fundación Entreculturas, Irídia-centro para la defensa de derechos humanos, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Movimiento por la Paz -MPDL-, Instituto Novact de Noviolencia, Oxfam Intermón, Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), Red Acoge, Salud por Derecho, Save the Children, Servicio Jesuita a Migrantes-SJM y Stop Mare Mortum.

A principios de octubre, estas 20 organizaciones sociales se reunieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para presentarles sus propuestas respecto a la aplicación de dicho acuerdo.

Su objetivo, explicaron, era que la implementación del pacto garantizase los derechos humanos de las personas migrantes. En dicha reunión, tanto el presidente como la ministra mostraron su voluntad de involucrar a la sociedad civil en los planes de implementación del pacto en España, afirmaron.

Sin embargo, "dos meses después", las ONG asistentes "aún no han recibido ninguna propuesta por parte de los ministerios competentes" ni han podido acceder al borrador del plan de implementación que España debe presentar a la UE antes del 12 de diciembre.

Por este motivo, las 20 entidades recordaron la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso y de que este sea transparente, en un contexto especialmente “inquietante” y cada vez más desfavorable para la garantía de derechos a nivel europeo.

En concreto, mostraron su preocupación tras la propuesta de la Comisión de valorar “soluciones innovadoras” como la creación de centros de internamiento en terceros países, siguiendo el modelo italiano. A su juicio, "esto supondría dar una vuelta de tuerca más a las amenazas que ya de por sí plantea el pacto en materia de derechos humanos. “A todas luces pone en riesgo el principio de no devolución y en peligro de muerte el derecho de asilo en Europa", denunciaron.

Las ONG destacaron que "España ha dado un paso adelante en el rechazo de estas iniciativas y tiene una oportunidad histórica de tomar medidas adecuadas para garantizar la protección de las personas migrantes". Por ello, reclamaron que la participación de la sociedad sea incorporada de manera efectiva en la implementación del pacto, para que "el respeto de los derechos humanos esté en el centro". De hecho, "las personas migrantes podrían participar de manera directa en el deseable proceso de consultas", proponen.

Instaron a España a "mantener las garantías y los máximos estándares de protección previstos en su ordenamiento jurídico" y a "asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por todos los estados miembros de la Unión Europea.

Por este motivo, el Plan de Implementación del Pacto en España debe contemplar de forma preferente medidas que no sean privativas de libertad, además de garantizar la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, el análisis individualizado de las solicitudes , la adecuada atención sanitaria por equipos especializados, el derecho a intérprete y la tramitación de las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos fronterizos, exigieron.