López Romano explicó a Servimedia que en la actual coyuntura de sobreendeudamiento familiar "tanto éste como cualquier Gobierno deberá mantener el compromiso de no subir la luz por encima del IPC por el bien de las economías domésticas".

"Es lo mínimo en una situación como la actual donde debe primar el interés económico del consumidor por encima del interés empresarial", prosiguió.

Finalmente, advirtió que, si el Gobierno accediera a las peticiones de las eléctricas, "se romperían las economías de muchas familias ya que el incremento de la luz conlleva subidas en el resto de servicios" y porque se trata de un servicio básico del que el ciudadano no puede prescindir.