La insuficiencia de su "fundamento jurídico" no permite, de acuerdo con el mismo informe, "intervenciones legislativas eficaces por parte de la Comunidad".

El CES afirma que "la escasa producción de efectos directos de la protección social en la realización del mercado interno y tambén los diferentes costes en los distintos estados miembros la han condenado (a la política social), sobre la base del actual derecho primario comunitario, a los confines del proceso de construcción europea".

Esta protección, que se produce en casos de enfermedad o accidente, maternidad, desempleo, incapacidad laboral, vejez y dificultades familiares, garantiza los medios idóneos para el mantenimiento de un nivel de vida suficiente que evite la exclusión social de las personas afectadas.

Según la ropuesta de Recomendación del Consejo, quien se haya visto obligado a dejar su propio trabajo para asistir a una persona anciana o inválida o para cuidar de un niño, podrá tener derecho a una pensión.

Esta medida representaría "un oportuno reconocimiento a quien desempeña una función de carácter social, sustituyendo al Estado en la aportación de la asistencia necesaria y en los costes correspondientes", señala el dictamen del CES.

El documento propone que en la "inminente" modificación de los traados debería dedicarse un nuevo y mayor espacio a la política social y, como parte integrante de la misma, a la protección social, dotando a las instituciones comunitarias de competencias jurídicas más amplias y de instrumentos más eficaces.