El plan, diseñado con el fin de garantizar la incorporación de la legislación comunitaria a las distintas legislaciones nacionales, es todavía un proyecto del Consejo de la CE, que ha sido sometido a consulta al Comité Económico y Social.

El proyecto del Consejo de la CE pretendía movilizar inicialmente a unos 500 funcionarios, cifra considerada insuficiente por el Comité Económico y Social, por lo que previsiblemente podrán beneficiase unas 2.000 personas cada año, según informaron a Servimedia fuentes del Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP).

Los funcionarios que deseen participar en el plan deberán tener un conocimiento satisfactorio de la lengua del país, aunque a los que sean seleccionados se les ofrecerá la posibilidad de formarse previamente.

El programa prevé que los funcionarios que se desplacen a otros países lo hagan en comisión de servicio y su salario y seguridad social no se verán afectados.

l principio se estableció que los intercambios tendrían una duración mínima de dos meses, período que el Comité Económico y Social consideró insuficiente para que los funcionarios puedan alcanzar la cualificación necesaria, por lo que solicitó su ampliación a tres meses como mínimo.

Las prioridades que el plan tendrá cada año serán fijadas por la Comisión de las Comunidades Europeas, que estará asistida por un comité consultivo. En España esta labor será encargada a la Dirección General de la Función ública y a la Secretaría General para las Comunidades Europeas.