Estas portavoces indicaron que las negociaciones entre renfe y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) "están en un nivel muy verde", debido a que las nuevas imposiciones de la CE obligan revisar gran parte de lo que se había discutido.

Los cambios en las directivas comunitarias que más afectan a lo discutido hasta el momento en España es la imposibilidad de que el Estado conceda ayudas a Renfe para cubrir déficits de explotación en los servicio de largo recorrido y de mercancías, lo que limita las subvenciones públicas a las líneas de cercanías, por su valor social.

Dicho retraso obligó al Gobierno a renovar este año el importe de las subvenciones concedidas a la compañía en 1991, por lo que las aportaciones públicas en el presente ejercicio sumarán también los 182.479 millones de pesetas.

Sin embargo, los mismos portavoces consultados señalaron que el recorte presupuestario para 1993 afectará a Renfe en cerca de 11.200 millones de pestas, por lo que las subvenciones para Renfe previstas en el proyecto de ley de presupuestos no llegarán a los 171.300 millones de pesetas.

En la compañía, la decisión comunitaria ha causado malestar, ya que supone un freno a los buenos resultados que está dando la aplicación del Plan de Empresa desde el pasado mes de enero, y que ha permitido obtener un déficit de explotación hasta el pasado mes de agosto unos 6.000 millones más bajo de lo previsto.

Además, choca directamente con las pretensionesde la compañía de lograr un acuerdo con el MOPT para recuperar la deuda que el Estado y otros organismos públicos tienen con Renfe y que incluye la financiación de infraestructuras ferroviarias por parte de la empresa.

Según Renfe, la deuda de la compañía a finales de agosto era de 831.160 millones de pesetas, de los que un 65,5 por cien procede de la deuda pendiente que tienen las diferentes administraciones con la empresa, y que en las mismas fechas había acarreado unos costes desde enero de 53.000 illones por abono de intereses.