La CE intentará esclarecer si la empresa española ha incurrido en el incumplimiento de algunas directivas comunitarias sobre protección del medio ambiente.

Greenpeace asegura que entre los años 1981 y 1987 Mayasa, dependiente del Ministerio deEconomía y Hacienda, "se dedicó a la importación y el vertido indiscriminado de residuos tóxicos de mercurio".

Esta organización ha elevado ante la CE dos denuncias contra la empresa, a las que hay que añadir las interpuestas por Aedenat y un grupo de vecinos.

En la actualidad, la empresa proyecta la construcción de una planta de incineración de desechos tóxicos y otra de tratamiento de residuos de mercurio en la comarca de Almadén (Ciudad Real), en un área declarada por la Comunidad Europea comoZona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Las organizaciones ecologistas han criticado duramente este tipo de instalaciones, por considerar que son nocivas para la salud humana y el medio ambiente.

Según Juan López de Uralde, portavoz de Greenpeace, "la solicitud de la Comisión Europea es muy importante, ya que el Gobierno español y el de Castilla-La Mancha han pretendido echar tierra sobre el asunto de los bidones tóxicos para que Minas de Almadén tenga vía libre para construir la incineradora".

Los conservacionistas han enviado al órgano comunitario información que, señalan, demuestra que la empresa ha vulnerado, al menos, cuatro directivas.

Las normas infringidas son, según los ecologistas, la directiva 84/631 relativa al seguimiento y al control en la CE de los traslados transfronterizos de residuos peligrosos; la 78/319, que hace referencia a los residuos tóxicos peligrosos; la 80/68, sobre protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustacias peligrosas, y la 79/409, de protección de las aves silvestres.

A juicio de Dolores Romano, coordinadora de la campaña de Greenpeace contra plantas incineradoras, "la comarca de Almadén se merece un mejor destino que el de ser el basurero de Europa".