La CE condenó el asesinato del pasado 5 de agosto de José Miguel Mérida Escobar, oficial de policía encargado de la investigación de la muerte violenta de la activista po-derechos humanos Mirna Mack Chang.

Según el comunicado, "estos hechos no pueden quedar impunes y los autores debieran ser puestos a disposición de la justicia guatemalteca sin demora".

Los doce Estados miembros se congratularon del anuncio del Gobierno centroamericano, que afirmaba que la violencia no le disuaría "de su firme intención de resolver estos crímenes y otros actos de violencia".

Asimismo, acogen con satisfacción el hecho de que las autoridades guatemaltecas hayan concretado meddas para impedir que se repitan tales actos, al tiempo que llaman la atención ante la necesidad de tomar una actitud clara sobre el respeto a los derechos humanos.

A este respecto, la CE consideró muy positivo el arresto, el pasado 15 de agosto, de siete miembros del Ejército y de la Marina, acusados de diversos asesinatos.

Según la OID, estas acciones son "un signo inequívoco de la determinación del Gobierno de Guatemala de poner fin al desorden existente".