Los casos de fraude descubiertos fueron 1.850, de los que 820 correspondieron a irregularidades en los recargos arancelarios de la política agrícola común y en las importaciones procedentes de terceros países. El dinero ocultado a las arcas de la CE ascendió a 21.300 millones de pesetas.

Los 1.030 casos restantes consistieron en apropiaciones indebidas de las ayudas del Feoga-Garantía el fondo comunitario encargado de subvencionar a agricultores y ganaderos. El fraude en este capítulo se elevó a 17.670 millones.

El fraude más importante se localiza en el sector de aceite de oliva (en el que España es el principal productor, seguida de Italia y Grecia). También es frecuente en el mercado de vídeos y casetes, y en el de carne bovina.

Según el informe, la agricultura es la actividad que más fraude viene generando desde 1989, con más de 3.200 casos desde 1989 en las ayudas del Fega-Garantía.

La Comisión señala que el fraude se da en todos los países de la CE, y aunque no existe un defraudador tipo, en los Estados del norte "el número de fraudes importantes es mayor", mientras que en el sur es más frecuente entre pequeñas empresas.

El año pasado el presupuesto comunitario para luchar contra el fraude fue de casi 11.000 millones de pesetas. En 1993, se ha aumentado la partida hasta 19.047 millones, lo que significa un incremento superior al 45 por ciento.

Entre los meios creados por la CE para combatirlo destaca la UCLAF (Unidad de Coordinación de la Lucha Anti-fraude), que se encarga de coordinar a los Estados miembros y la Comisión, ya que la detección y represión del fraude depende de las administraciones nacionales.

Además, la Comunidad cuenta con redes de telemática conectadas por ordenador con los servicios de aduanas de los Estados miembros, tanto en fronteras como en puertos y aeropuertos.