La Coda y las asociaciones ecologistas L'Alguer y Falco, de Alicante, presentaron el pasado mes de marzo la denuncia, en la que responsabilizaban de la situación de las salinas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a la Generalitat valenciana.

Los demandantes aseguran que las dos administraciones han incumplido la directiva comunitaria sobre conservación de las aves silvestres, el Convenio de Berna en sus apartados relativos a a conservación de la vida silvestre y medio natural y el Convenio de Ramsar sobre zonas húmedas de importancia internacional.

Según la Coda, ese entorno constituye una de las zonas húmedas para las aves más importantes de todo el Mediterráneo español, dado el importante número de especies, algunas de ellas en peligro de extinción, que utilizan estas salinas para criar y alimentarse.

Sin embargo, los promotores de la denuncia afirman que la existencia de vertederos incontrolados o ilegales, de veridos contaminantes de la industria del calzado y de aguas fecales, la quema intencionada de su vegetación, como saladar y carrizos, la desecación de charcas salinas y la acampada ilegal en la costa han degradado el lugar.

Además, en la denuncia destacan el "grave impacto" que produce la carretera que atraviesa ester paraje, la nacional 332, ya que insisten en que cada año mueren en ella, a su paso por las salinas de Santa Pola, entre 3.000 y 4.000 vertebrados.

Las organizaciones ecologistas mantinen que el Plan de Uso y Gestión de Las Salinas no sólo no contempla estos impactos ambientales, sino que además permite la creación de nuevos cotos de caza y la instalación de piscifactorías y no admite la figura de reserva integral para los sectores más sensibles de este entorno.

De las numerosas denuncias que la CE ha recibido contra España por supuestos delitos ambientales, el Tribunal de Luxemburgo ya sancionó en diciembre de 1991 a nuestro país por incumplir la directiva sobre envases para alimetos líquidos.