El portavoz de los centristas en el Congreso de los Diputados, José Ramón Caso, pidió públicamente al PSOE que no se oponga a ellas porque son básicamente las mismas que Felipe González propuso en el último debate sobre el estado de la nación.

Una primera proposición no de ley insta al Ejecutivo a que reforme en el plazo de tres meses el régimen disciplinario de los funcionarios para doblar las sanciones por faltas graves o muy graves de estos relacionadas con la "prepaación, adjudicación o ejecución de contratos del Estado".

Además, el CDS quiere que se modifique la Ley de Contratos del Estado para que las administraciones no adjudiquen ninguna obra pública durante 20 años a las empresas condenadas en sentencia firme por "falsedad, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda, contra la propiedad o contra el orden socioeconómico".

Se incluirían en ese supuesto aquellas firmas cuyos accionistas mayoritarios, "que tengan posición dominante en el cpital, directa o indirectamente (sociedades instrumentales)", estén condenados por cualquiera de esos delitos.

Según el portavoz del CDS, José Ramón Caso, es más operativo fijar un plazo de sanción, 20 años en este caso, porque si se condena a una empresa con carácter indefinido "luego, como demuestra la experiencia" no se cumple".

En el proyecto de ley también se contempla una modificación la Ley de Contratos del Estado en lo relativo a garantía de obra, que no podría ser, dicen en su proyecto d reforma legal, inferior a 18 meses, salvo casos justificados.

Por último, el CDS ha propuesto la creación de una ponencia en el Congreso de los Diputados que estudie la reducción a la mitad del actual límite de gasto electoral y que revise el concepto de gasto electoral en lo referido a publicidad y propaganda, entre otras cuestiones.