La moción consecuencia de interpelación urgente, que será debatida mañana en el pleno del Congreso de los Diputados, también exige al Ejecutivo socialista que antes del 31 de diciembre del presente año informe sobre el coste total que ha supuesto la aplicación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi).

El objetivo de los centristas es que en un plazo no superior a seis meses esté redactado un texto normativo que recoja toda la egislación relativa a este sector poblacional, "que se halla dispersa e incluida en otras disposiciones".

Asimismo, solicitan la revalorización anual de las prestaciones derivadas de la Lismi hasta que éstas alcancen el salario mínimo interprofesional.

Respecto a la eliminación de barreras arquitectónicas, la moción del CDS contempla la supresión de las mismas en todas las dependencias de la Administración pública, así como la construcción de viviendas de protección oficial destinadas a este coletivo.

La creación del Consejo Nacional de Minusválidos y de empresas laborales y cooperativas de integración son otras de las propuestas incluidas en la iniciativa legislativa.

Además, los centristas estiman que el Gobierno central debe "establecer un procedimiento ágil para que desde el momento en que se solicite por un empresario el acogimiento a la bonificación del 75 por ciento de la cuota patronal o la subvención de 500.000 pesetas por contrato a minusválidos, le sea reconocido el derecho o ntregada la subvención sin que transcurra más de un mes".

El texto también introduce mecanismos de control parlamentario, ya que pide a todos los departamentos ministeriales que actúan en este campo que rindan cuenta de sus realizaciones ante la Comisión de Política Social de la Cámara Baja cada seis meses.