Con esta iniciativa, el CDS se une a la intención anunciada por el Partido Popular (PP) y por el defensor del pueblo, Alvaro Gil-Robles, de llevar al Tribunal Constitucional la "ley Corcuera" si no se modifica.

El secretario genral de los centristas, Antoni Fernández Teixidó, hablará con los responsables de Izquierda Unida (IU) y del PP con el fin de recabar apoyos, ya que para presentar un recurso de inconstitucionalidad es necesario tener una representación de 50 o más parlamentarios.

El partido exige la supresión de los artículos 20 (retención policial) y 21 (entrada en domicilio sin mandamiento judicial). Respecto al primero, el CDS considera que es una detención encubierta, ya que no está vinculada ni siquiera a una preunción de participación en un hecho delictivo.

En cuanto al segundo, entiende que es claramente inconstitucional. A su juicio, el concepto de "flagrante delito" debe ser objeto "de una interpetración estricta y del menor 'manoseo' retórico y verbal posible".

El CDS estima que la agilización de la autorización judicial para entrar en los domicilios puede ser conseguida por otras vías y otros métodos que no vulneren el derecho constitucional de inviolabilidad de domicilio.

En su opinión, ni siuiera la sustitución del concepto "flagrante" por el de "evidencia" parece admisible, dado que éste es más amplio y menos preciso.