Esta reacción de CCOO se produce como respuesta a la intervención que en la tarde de ayer hizo el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en el Congreso de los Diputados, donde explicó la situación actual de Intelhorce, anunciando acciones legales contra sus anteriores propietarios.

Intelhorce, hoy General Textil España, fue privatizada en 1989 a las empresas Benorve y Benservice, de orgen italiano y cuyo máximo accionista era Giovanni Orefici, alegando que ambas sociedades eran filiales del grupo multinacional Benneton. Al proceso de privatización acompañaron unas subvenciones de varios miles de millones con las que los nuevos gestores de la factoría debían modernizar la maquinaria y reflotar la producción.

Sin embargo, en 1991 la fábrica textil -que llegó a ser la más grande del mundo- tenía paralizada su producción por la falta de materia prima, además de no haber reemplazado la ntigua maquinaria, sin que aparentemente las subvenciones concedidas hubieran sido utilizadas en beneficio de la empresa.

Entonces se demostró que ni Benorve ni Benservice tenían relación alguna con Benneton, ni poseían experiencia en el mundo textil. Ante esta situación, Patrimonio del Estado decidió volver a tomar las riendas de la empresa, para lo que necesitó de un plan de saneamiento, por el que 752 trabajadores de los 1.482 que tenía abandonaron su puesto de trabajo a través de bajas incentivada y prejubilaciones.

El ministro de Economía aseguró ayer en el Congreso que Intelhorce es "inviable" y anunció la adopción de medidas legales contra los anteriores dueños de la factoría por la supuesta desviación del dinero público, concedido por el Estado tras la privatización gestionada por Zambrana.

A juicio del sindicato, "no es casual el cese fulminante" de Justo Zambrana, "ya que en el periodo de privatización (de Intelhorce) era director general de Patrimonio del Estado".

CCOO present en octubre de 1991 una querella por presunta estafa, falsedad de documentos y prevaricación contra Improasa, empresa dependiente de Patrimonio del Estado y que realizó el estudio de la privatización, así como contra la familia Orefici, la beneficiada por la operación.

Sin embargo, el sindicato asegura que "la querella fue archivada a instancia del fiscal general del Estado". CCOO cree positiva la adopción de medidas legales, aunque "tememos que la mayor parte de la documentación haya sido robada o esé desaparecida", exigiendo que las responsabilidades penales a que hubiera a lugar en este extraño caso financiero "hay que hacerlas extensivas a Patrimonio del Estado y a los altos cargos que participaron en la privatización de Intelhorce en 1989."

En la actualidad, Intelhorce posee un buen ritmo de trabajo y de producción y, según el comité de empresa, está abriéndose camino comercial, por lo que CCOO rechaza las declaraciones de Solbes sobre su inviabilidad.

"Las declaraciones del ministro no ólo son contrarias al citado plan de viabilidad, sino contradictorias con lo manifestado por el propio Patrimonio del Estado" en una reciente reunión en la que este organismo oficial "valoró positivamente la marcha financiera y de producción de la empresa, así como las buenas perspectivas para este año".