En un comunicado, CCOO señala que los olectivos beneficiarios de estas empresas deben ser los perceptores de rentas mínimas, los jóvenes procedentes de centros de menores en dificultad, drogodependientes o personas que han superado procesos de rehabilitación, como reclusos y ex reclusos de centros penitenciarios.

CCOO añade que estas empresas no pueden tener ánimo de lucro, y sus beneficios deberán reinvertirse en mejorar la propia empresa o crear nuevos puestos de trabajo. Además, considera imprescindible que los contratos garanticen una condiciones dignas para el trabajador, que le permitan continuar un proceso de inserción y formación laboral.

El sindicato considera que regular las empresas de inserción se hace aún más urgente por la extensión de la pobreza, que según un estudio del sindicato afecta al 19,41 por ciento de los hogares y al 22,1 por ciento de la población española. Insiste en que en muchos de los casos esa situación está relacionada con las dificultades para acceder a un empleo.