Los sindicatos lamentan que en los tres años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los accidentes hayan seguido aumentando, y creen que la aplicación de este plan puede reducir la siniestralidad laboral. Según los datos de CCOO, en 1998 un total de 1.482 trabajadores pedieron la vida en accidentes laborales, 17 más que el año anterior.

Dolors Hernández, de la Ejecutiva de UGT, y Javier Torres, adjunto al Departamento Confederal de Salud Laboral de CCOO, indicaron a esta agencia que, aunque ha habido algún avance en las últimas semanas, la práctica totalidad de las acciones que se recogen en el plan no se han puesto en marcha todavía.

Según Hernández, la reunión de mañana tiene un doble objetivo, la constitución formal de la Comisión de Seguimiento, que todavía o se ha llevado a cabo, e impulsar la puesta en marcha del plan y ver las prioridades del mismo. Para los sindicatos, una de las prioridades es la creación de la Fundación, un compromiso que Hernández recordó que se deriva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La puesta en marcha del plan de inspección es otra de las prioridades para UGT y CCOO. Los sindicatos pedirán mañana explicaciones sobre el preacuerdo que parecen haber alcanzado las autoridades laborales de las comunidades autónomas y l Inspección de Trabajo para poner en marcha el plan de inspección previsto en el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral.

Además, este plan recoge la necesidad de elaborar un programa nacional de formación sobre prevención de riesgos laborales y de mantener contactos con la Fiscalía General para que los empresarios que incumplen la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo sean perseguidos.

Según Torres, es necesario que la fiscalía persiga los accidentes graves y mortales provocado por la falta de medidas de seguridad. El responsable de CCOO recordó que ya hay alguna sentencia en la que se ha condenado a algún empresario a cárcel por este motivo.

Los responsables de UGT y CCOO se refirieron también al sistema "bonus-malus" que estudia implantar el Gobierno para bonificar o penalizar a las empresas según cumplan o no la normativa sobre seguridad en el trabajo, y exigieron que se negocie en la Comisión de Seguimiento y en la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Torres insistió en que el sistema "bonus-malus" debe presentarse ante estas comisiones "para que analicemos entre todas las partes los pros y los contras, cuánto debe reducir y penalizar, y cómo se debe aplicar". Hernández apostilló que este es un compromiso que se recoge en el Plan de Acción contra la Siniestralidad Laboral.