Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, mostraron este miércoles su preocupación ante el hecho de que en la legislación actual sobre la interrupción voluntaria del embarazo exista un resquicio por el que las empresas pueden conocer si se trata de una baja médica de la trabajadora motivada por un aborto o por menstruaciones dolorosas.