Esta queja se suma a la denuncia que ambos sindicatos han realizado en Castilla y León, donde gobierna el PP y Vox y el consejero de Empleo pertenece a esta segunda fuerza política.

Allí, los sindicatos lamentaron que se hayan retirado prácticamente todos los recursos del Serla, que es el organismo autonómico de referencia en el diálogo social en el que también participa la CEOE castellanomanchega.

Cabe recordar que en octubre, el PP y Vox alcanzaron un acuerdo en Valencia en virtud del cual la formación de Santiago Abascal comenzaría a formar parte del Ejecutivo municipal, como sucedía ya en el Gobierno de la Generalitat Valenciana desde comienzos del verano.

Además, UGT denunció ante el Defensor del Pueblo esta misma semana las prácticas antisindicales que, en su opinión, están llevando a cabo algunos Ejecutivos integrados por PP y Vox, especialmente en Castilla y León.

PROYECTO IMPULSADO POR BARBERÁ

“Los agentes sociales más representativos coincidimos en resaltar la importancia del diálogo social y de su papel constitucional, que se ha demostrado clave para la convivencia y los avances sociales que han caracterizado nuestra democracia en todos los ámbitos. Y por lo mismo consideramos inaceptable la supresión de las subvenciones establecidas en el marco del Pacto por el Empleo con el Ayuntamiento de Valencia, vigente hasta el 31 de diciembre del 2024 y puesto en marcha por Rita Barberá en el año 2001”, declararon CCOO y UGT de la Comunidad Valenciana en un comunicado conjunto.

Recordaron que esta subvención que reciben los sindicatos UGT y CCOO es de carácter finalista, es decir, se destina íntegramente a programas de formación y de orientación laboral para las personas desempleadas del municipio.

Para los sindicatos, “esta decisión política tomada va en detrimento de las personas desempleadas que más necesitan del apoyo de un pacto que está integrado por el propio Ayuntamiento, en la medida en que estas subvenciones se destinan a desarrollar Políticas Activas de Empleo para adecuar las competencias de las personas desempleadas a los requerimientos de las empresas”.

“Consideramos que esta decisión es claramente discriminatoria, como ilustra el hecho de que la subvención a la patronal valenciana CEV se mantenga vigente. Algo absolutamente inexplicable, y que es una afrenta al equilibrio del diálogo y la concertación social”, aseveraron ambas organizaciones.