A juicio de CCOO, la definición del modelo ferroviario y del proceso de liberalización, como cuestión política relevante, van a exigir más de los dos años sugeridos por el ministro.

CCOO está convencida de que las cuestiones jurídicas de este proceso, como la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terreste, o técnicas, como la definición y la asignación del uso de la infraestructura, alargarán ese plazo de dos años, incluso si el Gobierno del PP decidiera unilateralmente imponer su modelo ferroviario.

No obstante, CCOO confía en que Alvarez Cascos no cometa la "irresponsabilidad" de plantear este asunto sin un amplio debate político y social, como corresponde, a su juicio, al tratamiento de una cuestión de Estado en un país democrático. Además, advierte de que el proceso de liberalización del ferrocaril no se podrá hacer ni en contra ni ignorando a los sindicatos.

Para CCOO, es necesario abrir un debate nacional para discutir sobre un libro blanco de ferrocarriles que defina una red ferroviaria coherente que priorice el desarrollo de la red convencional, con un papel central de lo público en la estructura empresarial resultante y que apueste por el empleo de calidad, cantidad y estabilidad.

Por todo ello, CCOO considera "aventuradas" las iniciativas y plazos lanzados por el ministro, especialente en relación con la separación de la gestión de las infraestructuras y con el establecimiento de un modelo concesional para el ferrocarril, modelo que, por cierto, según este sindicato, está siendo criticado severamente por la Unión Europea (UE) en el ámbito del transporte por carretera.