Aunque CCOO aclara que reprueba todas estas conductas, pone de manifiesto que la actitud del Gobierno cambia según los casos.

Así, mientras intensifica la lucha contra el fraude en las prestaciones sociales, el Ejecutivo "rehúye sus responsibilidades ante el amplio y generalizado fraude fiscal, adoptando incluso decisiones que legalizan prácticas irregularidades en este terreno".

Tras reconocer que es lícito retirar la prestación en los casos que no cumplen con todos los requisitos, CCOO señala que "es poco ético agrupar a personas que superan el límite de renta por 10.000 pesetas con aquéllas que tienen ingresos o patrimonis muy elevados".

CCOO también lamenta la confusión que se ha creado al mezclar los expedientes de retirada de prestación con aquéllos cuyo acceso a la pensión se ha denegado por no reunir todos los requisitos.

Asegura que esta "campaña mediática" es aún más reprobable si se tienen en cuenta las demandas sindicales de que se incremente la cobertura de las prestaciones por desempleo, puesto que al final se podría identificar a este colectivo como defraudadores.