La mismas fuentes señalaron que la asignación recibida a través de los Presupuestos del Estado para 1991 rondó los 600 millones de pesetas, cantidad que el sindicato considera "ridícula" para atender las necesidades de mantenimiento de los edificios sindicales.

CCOO entiende que la situación es especialmente grave si se tiene en cuenta que puede provocar un deterioro en unos edificios que han sido cedidos en usufructo a las centrales sindicales pero que siguen siendo propiedad pública.

Para resolve la situación, este sindicato propondrá a UGT la presentación de una iniciativa conjunta ante la Administración para que "los Presupuestos del Estado contemplen el acometimiento de todas las obras pendientes, que son muchas".

Esa iniciativa, según CCOO, también debería incluir un acuerdo para acelerar el ritmo de cesión de locales del patrimonio sindical acumulado que todavía están ocupados por organismos de la Administración.

Con ese fin, CCOO propondrá un calendario que establezca los locales qe cada año deberá desalojar la Administración para cederlos a los sindicatos, en cumplimiento de la normativa sobre el patrimonio sindical acumulado.

A su juicio, "no tiene sentido que la Administración, con muchos más medios que nosotros, esté ubicada en locales del Patrimonio sin costes, mientras que los sindicatos, con los medios que tenemos, estemos pagando alquileres que son cada vez más caros".

Según CCOO, en las sucesivas reuniones de la Comisión Consultiva del Patrimonio Sindical las petiiones de las centrales para que les cedan nuevos locales "chocan reiteradamente con la respuesta de que están ocupados por el INEM, las Magistraturas de Trabajo y otros organismos públicos".

CCOO estima que sólo un 40 por ciento de los inmuebles reconocidos como patrimonio sindical han sido entregados a los sindicatos y que el resto sigue ocupado por la Administración, amparándose en que la ley del patrimonio sindical acumulado no establecía plazos para el desalojo.