Esta es una de las conclusiones del estudio ‘Mercado de trabajo y protección por desempleo 2022’, presentado este miércoles en rueda de prensa por parte del secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, y la técnico de dicha área del sindicato y autora del informe, Hortensia García.

Según recoge este informe a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la tasa de cobertura en diciembre de 2022 se incrementó un 10% respecto al año anterior y se situó en el 68,7%, lejos aún de las mayores tasas alcanzadas en 2009 (80%) y 2010 (77%), lo que “deja sin cobertura a buena parte de las personas desempleadas”. La evolución de las tasas de cobertura muestra un importante descenso a partir de 2012, con la reforma de las prestaciones que cambió la edad para acceder a los subsidios de mayores de 52 a los 55 años y redujo la cuantía de las contributivas, entre otras cosas.

Una de las medidas que ha revertido el Gobierno a partir de este año es que desde el sexto mes de desempleo no se pase a percibir el 50% de la base reguladora, sino el 60%, como antes de 2012. Asimismo, el estudio subraya la mejora del mercado laboral en los últimos años tras la irrupción de la pandemia y, con él, el menor gasto en prestaciones por desempleo.

TERRITORIOS

La mayoría de los territorios del estado supera la media estatal, del 29%, de personas protegibles sin prestación por desempleo. Especialmente grave es el caso de Ceuta y Melilla donde son mayoría las personas desempleadas, con experiencia laboral previa, que no son perceptoras de prestaciones, es decir hay más personas sin prestaciones que con prestaciones, lo que no ocurre en ningún otro territorio. Además, el sindicato alerta de que las mujeres tienen una menor tasa de protección que los hombres, pese a ser mayoría de beneficiarias cuantitativamente.

Por otro lado, las prestaciones contributivas en 2022 protegieron al 44% de las personas desempleadas, el resto estuvieron protegidas por prestaciones asistenciales. El 41% disfrutaron de subsidios por desempleo, el 9% fueron perceptoras del subsidio y la renta agraria y el 6% de la renta activa de inserción.

Otro de los factores que son indicativos de la calidad de la prestación y del empleo perdido por el que se accede a la misma es la duración de las contributivas. En concreto, al finalizar el año 2022, el período medio de derecho reconocido es de 13,68 meses. El 23% tiene reconocido el período máximo de 24 meses de prestaciones contributivas y el 18% la duración mínima de cuatro meses, tras un año de cotizaciones.

NACIONALIDAD Y EDAD

Por otra parte, al finalizar el año, el 11,3% de las personas perceptoras de prestaciones son extranjeras, con cifras similares a las del año anterior. Analizando la distribución de estas personas beneficiarias, de nacionalidad extranjera, por tipo de prestación, al contrario que sucede con el conjunto de beneficiarios, hay una mayoría de personas perceptoras de prestaciones contributivas (63%).

El estudio alerta también de que la edad dificulta poder volver a acceder al mercado de trabajo y complica la protección por desempleo, ya que solo el 27% de mayores de 55 años en paro tiene prestaciones contributivas y el resto de carácter asistencial.

CCOO también analiza las prestaciones con parcialidad, que permiten compatibilizar la ayuda por desempleo y un trabajo a tiempo parcial. En este punto, hay una mayor presencia de las mujeres, como consecuencia de su mayor protagonismo en los empleos a tiempo parcial. Así, el 22% de las mujeres beneficiarias de prestaciones las percibe con parcialidad frente al 12% de los hombres.

PARO DE LARGA DURACIÓN

Del mismo modo, el sindicato advierte del problema existente con el paro de larga duración, pues 1.359.800 personas, el 45% de las personas desempleadas, están en esta situación (en desempleo durante un año o más). De ellas, el 67% lleva más de dos años en desempleo y 611.231 personas estaban en desempleo desde hace más de cuatro años en diciembre de 2022, el 22% del total de parados.

En este punto, Hortensia García reveló que el 58% de los parados de larga duración no percibe ninguna prestación, por lo que pidió que en el SEPE no estén “tan contentos” por lo que ahorran y que trabajen para atender a este colectivo, no solo con subsidios, sino ayudando a que puedan volver al mercado laboral.

En cuanto a la prestación por cese de actividad de los autónomos, Carlos Bravo explicó que es en origen “fallida” y “sin ninguna utilidad práctica”, aunque las prestaciones extraordinarias por la pandemia sí brindaron mayor protección. Explicó que el último mes del que hay datos es marzo de 2020 y, desde entonces, no se publican datos, por lo que emplazó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que publique la información al respecto.

IMV

Por otro lado, Bravo avisó de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) “no está siendo solicitado por muchas personas”, aunque ya da cobertura a más ciudadanos que el resto de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas juntas. Eso sí, lamentó que “se está produciendo un efecto sustitución” y no se están compatibilizando ambos tipos de prestaciones, especialmente en autonomías como Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Ante estas cifras, Bravo criticó que el Gobierno no haya desarrollado el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en lo referido a la reforma del sistema de protección por desempleo. “Tenemos una negociación pendiente que no se ha abordado”, ahondó el responsable de Políticas Públicas del sindicato.

Además, denunció que han transcurrido ya tres legislaturas sin que se haya tramitado la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre ingresos mínimos que CCOO y UGT promovieron y que cosechó el apoyo de más de 700.000 españoles. “Es una falta de respeto absoluto y un incumplimiento del mandato constitucional el hurtar de la tramitación parlamentaria de un proyecto legislativo de esa naturaleza”, apuntaló Bravo, que avanzó que se dirigirá a la Presidencia de la Cámara Baja para pedir que en la siguiente legislatura se aborde esta cuestión.

Por último, Bravo detalló que la reforma de las prestaciones por desempleo debe ir encaminada a separar las fuentes de financiación entre las contributivas y las no contributivas; reforzar las prestaciones; reordenar la compatibilidad entre IMV y prestaciones autonómicas, y reforzar la capacidad de acción de los servicios públicos de empleo para contribuir a la recolocación de los desempleados.

Para ello, reclamó que el Gobierno apruebe un real decreto-ley, negociado con sindicatos y patronal, para que dé tiempo a que se apruebe antes de final de año y se puedan cumplir los compromisos del plan de recuperación.