Esta iniciativa, cuyo coste se elevaría a los 6.200 millones de euros anuales, es similar a otras propuestas planteadas en otro países como 'Livret A' francesa, que ha conseguido que el 17% de los ciudadanos del país vecino habilite en viviendas cuyo precio medio se sitúa en 6,3 euros el metro cuadrado. En una rueda de prensa, el sindicato explicó que la propuesta ayudaría a alcanzar los dos millones de viviendas públicas asequibles que España necesita construir en la próxima década.

"El enorme coste que supone pagar la vivienda o la hipoteca supone detraer renta disponible que no va a otros sectores de actividad", explicó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien afirmó que el objetivo de este fondo es bajar los precios del alquiler un 30% y cumplir con el artículo 47 de la Constitución Española.

La propuesta, que será trasladada en los próximos días al Ministerio de Vivienda, tendría varios canales de financiación. Por un lado, sería un vehículo de ahorro e inversión para las familias, ya que, según el sindicato, serviría para dar salida a los cerca de 50.000 millones de euros en ahorros extraordinarios que los españoles acumularon tras la caída del consumo por la pandemia que actualmente se encuentran en productos de alta liquidez y baja rentabilidad, como los depósitos bancarios y el efectivo.

También podrían invertir en esta entidad inversores institucionales que tengan vocación de realizar inversiones a largo plazo y que tengan el objetivo de incorporar objetivos sociales y medioambientales a sus inversiones. Desde el sindicato se hace un llamamiento a aquellos promotores dispuestos a realizar promoción sin ánimo de lucro o con rentabilidad limitada.

Asimismo, desde CCOO afirmaron que este fondo podría captar financiación pública -procedentes del Gobierno central y de Fondos Europeos- y contar la cofinanciación del Banco Europeo de Inversiones. "Proponemos que la financiación sea a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que tendría una vinculación con los ministerios de Vivienda y Economía", aclaró el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.

EN SUELO PÚBLICO Y NO DESAMORTIZABLE

Estas viviendas, que en caso de ser de nueva construcción se harían sobre suelos cedidos por el Ministerio de Vivienda u otras administraciones, tendrían un precio de entre 7 a 11 euros por metro cuadrado al mes. Este precio, según CCOO, estaría fijado con un sistema de determinación de precios basado en el coste, lo que permitiría que estas inversiones fuesen viables.

Asimismo, señalaron que todas las promociones que financie esta entidad deben ser sobre suelo público o privado con reserva legal para vivienda protegida y aclararon que los suelos públicos se deben ceder a través de fórmulas que preserven la propiedad pública del suelo. Asimismo, recordaron que las viviendas que se construyan o adquieran deben ser calificadas como 'Viviendas Protegidas Permanentes', sin que quepa lugar para la descalificación o desamortización posterior de las mismas.

En este sentido, Bravo afirmó que esta medida "sirve para romper la cultura de la vivienda en propiedad como instrumento de ahorro" y lamentó que siete millones de viviendas construidas con fondos públicos hayan perdido su consideración de vivienda de protección oficial.

MÁS PROPUESTAS

Por otra parte, Sordo aseguró que esta propuesta supondría un giro a una política de vivienda "errática y errónea". "De los 220.000 millones que se han invertido en políticas de vivienda, 160.000 se han destinado a desgravaciones fiscales para dopar la demanda con créditos hipotecarios", aseguró Sordo, quien afirmó que el objetivo de las distintas políticas de vivienda "nunca ha sido garantizar el acceso a la vivienda".

Por otra parte, rehusó la "tesis liberal" de que el problema de la vivienda resida en la escasez de construcción y negó que la única solución pase por liberalizar suelo y construir más vivienda. "En España tenemos un precedente en el que se construían más vivienda que en Francia, Alemania e Italia y la vivienda no dejaba de subir", recordó Sordo, quien pidió alejarse de la "simplificación conceptual" de la oferta y la demanda.

Por último, recordó que la Ley de Vivienda tiene el mecanismo de aplicar zonas tensionadas pero que en muchos territorios no se está aplicando. "No estoy de acuerdo en que las limitaciones de precio vayan a reducir la oferta de vivienda", aseguró Sordo.