Comisiones, que defenderá su propuesta el día 30 en la mesa abierta entre Gobierno, sindicatos y patronal para negociar la reforma de las modalidades de contratación, acepta el mantenimiento de los contratos eventuales por necesidades de la producción, por obra o servicio determinado, a tiempo parcial, de relevo, de formación y en prácticas, aunque con algunas modificaciones.

En el caso del contrato eventual por necesidades de la prducción, Elvira explicó que debe limitarse su utilización a necesidades no habituales o extraordinarias de las empresas. En el de relevo, CCOO exige que el trabajador contratado realice idénticas funciones que las que hacía el trabajador al que sustituye.

En los contratos por obra, CCOO aboga por su uso en determinados sectores, como la construcción, y que tenga una duración para toda la obra, mientras en el de a tiempo parcial defiende la exigencia legal a la empresa de las razones que motivan el conrato.

Para los contratos en prácticas y los de formación, CCOO considera que su duración mínima debe ser de seis meses y la máxima de un año. Asimismo, pide que los primeros, que, según Elvira, afectan a unas 500.000 personas al año, sólo puedan hacerse a titulados universitarios y personas que hayan cursado la Formación Profesional de segundo grado.

ABUSOS DE LAS EMPRESAS

Salce Elvira denunció los abusos de las empresas con los contratos e insistió en la necesidad de suprimir el contrato tempoal de fomento del empleo y el contrato por lanzamiento de nueva actividad, que, en su opinión, han creado un mercado inestable y precario, en el que la temporalidad afecta al 32,17 por ciento de los trabajadores y el 36 por ciento en la empresa privada.

CCOO también pedirá una serie de medidas aplicables a los seis tipos de contratos que a su juicio deben existir, entre las que figuran la eliminación de todos los incentivos económicos a la contratación temporal, la reducción de los períodos de prueba ara todos los contratos de duración determinada y la prohibición de encadenamiento de contratos, así como de sustitución de unos trabajadores por otros para un mismo puesto.

Otras medidas que plantearán el día 30 son el establecimiento de indemnizaciones de veinte días por año de servicio al término de los contratos, la posibilidad legal de una sola prórroga, la fijación de un tope máximo de contratos temporales en función del número de trabajadores fijos en la empresa y programas especiales de apoyolos mayores de 45 años y minusválidos.

Respecto al colectivo de minusválidos, Comisiones exigirá la obligatoriedad de que se cumpla el artículo de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) según el cual el 2 por ciento de los trabajadores contratados por una empresa deben ser minusválidos. Elvirá aseguró que esta medida no la cumplen ni el 10 por ciento de las empresas.

Según la secretaria general de Empleo de CCOO, el objetivo de todas estas medidas, la mayoría de ellas incluidas en a Iniciativa Sindical de Progreso que elabora con UGT y que, a su juicio, "no habrá problemas para defenderlas conjuntamente ambos sindicatos", es reducir el índice de precariedad en el empleo del 35 por ciento actual a no más del 14 por ciento en los próximos tres años, acercándonos así a los niveles de la media europea.

PRESUPUESTOS DEL INEM

Elvira criticó los presupuestos del Inem para 1992 y aseguró que "hay una parálisis presupuestaria para llevar a cabo políticas activas de creación de empleo" al tiempo que afirmó que con esos presupuestos será imposible llevar a cabo la reforma de este instituto.

Según CCOO, los presupuestos del Inem para el próximo año no han aumentado respecto a los de 1991. Este sindicato considera que si el gasto del Inem hasta agosto de este año ha ascendido a 1,052 billones de pesetas, a finales de año se situará en 1,578 billones, cifra que coincide con el presupuesto para 1992.

La responsable de Empleo de CCOO criticó la estructura de ingresos del Inem y el dscenso de las aportaciones del Estado a este instituto, que aseguró que han pasado del 44 por ciento del presupuesto total del Inem en 1987 al 34 por ciento en 1992, mientras el resto proviene de las cotizaciones de los empresarios y los trabajadores.